El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania expresa su categórica protesta relativo a la decisión ilícita de hoy de un “juzgado” ruso de ocupación en Simferopol de condenar Emil Kurbedinov, militante y abogado tártaro de Crimea, a 5 días del arresto administrativo.
Emil Kurbedinov es uno de los abogados clave en varios casos de los ciudadanos ucranianos, detenidos ilegalmente por Rusia bajo acusaciones falsificadas y políticamente motivadas. Desde hace poco él también desempeña como defensor de uno de los marineros ucranianos, capturados como prisioneros de guerra.
En realidad, el último hecho pudo servir de causa para su detención, pero no es el primer caso de la persecución de los abogados y defensores de los derechos humanos, por los ocupantes rusos. Apenas durante el pasado mes de noviembre Emil y dos sus colegas, Lilia Gemedzhy y Edem Semedliaev, recibieron una “advertencia” injustificada sobre la “inadmisible violación de la legislación sobre las manifestaciones”.
La acusación de “mostrar los atributos o símbolos de organizaciones extremistas”, utilizada por el “juzgado” ruso de ocupación para enviar a Emil Kurbedinov tras las rejas, también tiene el carácter injustificado y fabricado.
La verdad es que mediante intimidaciones y persecuciones de las personas que apoyan a los prisioneros ucranianos del Kremlin y los defienden en las cortes, Rusia intenta privar a los ciudadanos ucranianos que son presos políticos de Rusia en los territorios ocupados, de su derecho a la defensa. En este contexto, estamos preocupados por la transferencia a la Crimea ocupada de una táctica de permanentes sanciones administrativas, que se utiliza en Rusia para “agotar” a los militantes opositores.
Condenamos esta práctica deplorable y llamamos a Rusia a poner fin a la misma. Rusia debe cumplir en su totalidad las resoluciones respectivas de la Asamblea General de ONU, aprobadas en 2014, 2016 y 2017, así como la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales en el caso Ucrania contra la Federación de Rusia, adoptada en 2017.
Llamamos a la comunidad internacional a aumentar su presión política, diplomática y de sanciones sobre el estado-agresor hasta que se logre la de-ocupación de Crimea y liberación de todos los ucranianos, detenidos ilegalmente por Rusia.