El 2 de febrero de 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mediante su decreto №43/2021 promulgó la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania sobre la aplicación de medidas económicas especiales personales y otras medidas restrictivas (sanciones), imponiendo sanciones sobre el ciudadano ucraniano Taras Kozak y 8 empresas de su propiedad, incluidos los canales de televisión prorrusos 112 Ucrania, Zik TV y Newsone. Estas acciones se convirtieron en una continuación lógica de las medidas anteriores del estado para contrarrestar la agresión híbrida de Rusia, en particular la resolución de la Rada Suprema № 2589-VIII del 4 de octubre de 2018.

Explicamos mas en detalle la decisión de Ucrania en prohibir la transmisión de canales propagandistas rusos en el territorio ucraniano:

• Ucrania está comprometida con sus obligaciones internacionales, incluida la garantía de la libertad de expresión y expresión, y actúa únicamente en el marco de estas obligaciones. El ejercicio de estas libertades implica no solo derechos, sino también deberes y responsabilidades especiales, incluida la prevención del abuso de una libertad o su uso intencional. En particular, la aplicación de las restricciones y sanciones pertinentes está prevista por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 10) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), en particular cuando se trata de orden público, seguridad nacional y integridad territorial.
• Ucrania siempre ha protegido, protege y protegerá su seguridad nacional, incluido su espacio de información. La principal amenaza a la que se ha enfrentado Ucrania durante casi siete años son los intentos de Rusia de socavar la democracia ucraniana y su integración con la Unión Europea y la OTAN.
• El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania (NSDC) decidió imponer sanciones contra 3 canales de televisión (112, ZIK y Newsone) y su propietario para defender los intereses nacionales de Ucrania en la esfera de la información. Esta decisión no fue apresurada. Es el resultado de una discusión y una consideración de años.
• Taras Kozak, ciudadano ucraniano, es propietario legal de los canales 112, ZIK y Newsone. Aunque oficialmente pertenecen a Kozak, estas cadenas son consideradas propiedad de otro diputado prorruso, Viktor Medvedtchuk, padrino del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que lo recibe regularmente en el Kremlin. 
• Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, existe evidencia irrefutable de que las entidades sancionadas han sido financiadas con fuentes rusas. Estos canales se encuentran entre las herramientas de la guerra híbrida rusa que se están utilizando para socavar las instituciones estatales y de la sociedad civil de Ucrania, para erosionar la cohesión social y provocar conflictos por motivos políticos y de otro tipo, y para justificar la ocupación temporal de Crimea por parte de Rusia y sus fuerzas armadas en Donbas.
• Los canales explotaron las libertades democráticas. Llenaron el campo de información de Ucrania con noticias falsas. Los canales violaron consistentemente la ética y los estándares del periodismo al impulsar narrativas falsas que presentaban una realidad distorsionada. Al sancionar los canales, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania protegió a los ciudadanos del país de la influencia destructiva de la propaganda rusa patrocinada por el estado ruso.
• Esta decisión se ha tomado para defender la libertad de expresión en el país. 112, ZIK y Newsone no aplican los principios de la libertad de expresión y los estándares periodísticos en su trabajo: sus informes están desequilibrados, favorecen explícitamente una fuerza política sobre todas las demás, su política editorial está sesgada. Los falsos expertos sin antecedentes relevantes y experiencia profesional son la principal herramienta utilizada por estos canales para promover la agenda deseada.
• Los canales se utilizaron para promover ciertos elementos radicales y puntos de vista extremistas. Cabe señalar que la legislación de Ucrania permite la imposición de sanciones contra las entidades que participan en actividades terroristas, que incluyen llamamientos o incentivos para cometer tales actos.
• La decisión de introducir sanciones es un paso constante en el proceso de defensa de la seguridad de la información de Ucrania. Rusia ha estado librando una agresión multifacética contra Ucrania en todos los niveles: desde la invasión militar hasta la influencia política y la propaganda tóxica.
• Los canales han sido repetidamente criticados severamente por la mayoría de los periodistas y reguladores de medios ucranianos por su difusión constante y sistemática de información falsa, narrativas engañosas de la propaganda rusa que apuntan a socavar la democracia y desacreditar las reformas en Ucrania. El Consejo Nacional de Medios ha emitido numerosas advertencias, que tuvieron poco o ningún efecto.
• Las organizaciones no gubernamentales ucranianas independientes y los expertos que luchan contra la desinformación apoyan la decisión sobre las sanciones y no la ven como un ataque a la libertad de expresión.
• La práctica de utilizar enfoques legales para abordar los problemas emergentes de propaganda, contexto engañoso y desinformación está ampliamente difundida en el mundo (Ley contra la propaganda y desinformación extranjeras (EE. UU., Mayo de 2016); el Plan de transparencia de la influencia extranjera (Australia, diciembre de 2018); enmiendas a la Ley de medios de comunicación electrónicos de Letonia (junio de 2018).
• Recientemente, las autoridades letonas dejaron de transmitir en este país una serie de canales rusos («Pershyi Baltiyski canal», «NTV Mir», «Ren TV Baltiya», «Kinokomedia» y «Kinomix» La decisión se tomó por preocupaciones sobre posibles violaciones por parte de las representaciones de los canales del régimen de sanciones de la Unión Europea. También se consideró que ese desarrollo tenía un efecto positivo en la seguridad de la esfera de la información en Letonia y reducía el nivel de propaganda rusa.

La comunidad internacional debe unir sus esfuerzos en la lucha contra la desinformación y cualquier tipo de operaciones de influencia maligna que promuevan narrativas antidemocráticas. Ésta es la mejor contribución a la protección de las democracias, incluido el derecho a la libertad de expresión.