El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania expresa su categórica protesta con relación al nuevo fallo del llamado “juzgado” de las autoridades rusas de ocupación en la ciudad de Simferópol (República Autónoma de Crimea) en el caso del ciudadano ucraniano Volodymyr Balukh, que tiene el mismo carácter ilegítimo y políticamente motivado como el fallo anterior.

Como una venganza por el carácter inquebrantable del patriota ucraniano, quien no se resigna ante el régimen de ocupación inclusive detrás de las rejas, fue fabricado un nuevo caso contra Volodymyr Balukh, conforme al cual su término de condena se aumentó hasta cinco años. Lo que asombra más es el cinismo extraordinario de los ocupantes rusos – la persona que había declarado una huelga de hambre indefinida hace casi cuatro meses, el 19 de marzo, fue condenada por absurdas acusaciones de un “ataque físico” contra el director de la institución penitenciaria.

La nueva condena del llamado juzgado de ocupación en Crimea evidencia que la situación en la esfera de los derechos humanos en la península sigue deteriorándose rápidamente. En esas condiciones, tenemos serias razones para considerar que la salud y la vida de Volodymyr Balukh y de otros ciudadanos ucranianos – prisioneros políticos del régimen ruso de ocupación – están bajo riesgo.

Demandamos al estado-agresor y ocupante que pare con las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, y libere inmediatamente a Volodymyr Balukh, así como a otros ciudadanos de Ucrania detenidos ilegalmente.

Reiteramos que Rusia debe poner fin a la ocupación ilegítima de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol y cumplir en su totalidad las resoluciones de la Asamblea General de la ONU “Integridad territorial de Ucrania” del 27 de marzo de 2014, “Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)” del 19 de diciembre de 2016 y del 19 de diciembre de 2017, así como el Ordenamiento de la Corte Internacional de Justicia de la ONU relativo a las medidas provisionales en el ámbito de la demanda de Ucrania contra la Federación de Rusia en relación con la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

La intensificación de las represiones políticas y persecuciones en la península de Crimea ocupada evidencia la necesidad del aumento de la presión internacional político-diplomática y económica sobre Moscú con el objetivo de poner fin a las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en el territorio temporalmente ocupado, así como restablecer la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.