El 12 de junio de 2018 ucrania presentó su Memorándum a la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ de la ONU), el cual confirma documentalmente las violaciones graves del derecho internacional por la Federación de Rusia.
El Memorándum con sus numerosas pruebas evidencia que la Federación de Rusia ha violado el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
El Memorándum de Ucrania muestra el ataque desvergonzado e integral de Rusia contra los derechos humanos y el derecho internacional en el territorio de Ucrania, así como las pérdidas enormes sufridas por el pueblo ucraniano y por todo el mundo en resultado de dichas acciones rusas.
Al adherirse al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Federación de Rusia se comprometió a prevenir la financiación del terrorismo. Sin embargo, en Ucrania Rusia hace todo lo contrario. Los grupos armados ilícitos en el Donbás cometieron terribles atentados contra las personas civiles, usando las armas provenientes de la Federación de Rusia. Rusia violó sus obligaciones internacionales con la indisposición de prevenir el suministro de estas armar por las autoridades y otros ciudadanos rusos a los grupos terroristas conocidos.
Apenas el mes pasado, el 24 de mayo de 2018, el Equipo conjunto de investigación, del cual participan activamente los investigadores y fiscales ucranianos, tras examinar el derribo del avión del vuelo MH-17 de las Malaysian Airlines, estableció que el sistema de lanzamiento de cohetes “Buk”, que derribó el MH-17, había sido entregado a los grupos armados ilícitos en la región ucraniana de Donetsk por la 53ª brigada militar de defensa antiaérea de la Federación de Rusia a través de la parte de la frontera estatal ucraniano-rusa, que se encontraba fuera del control del gobierno ucraniano.
Usando esta técnica y otros métodos del apoyo ruso, dichos grupos atacaron al MH-17, llevando casi 300 vidas inocentes, comenzaron los bombardeos con misiles morteros de las ciudades ucranianas, incluidos los ataques contra el puesto de control cerca de Volnovaja y los barrios residenciales de Kramatorsk, Mariupol y Avdiivka, así como colocaron las bombas que estallaron en varios desfiles patrióticos, clubes nocturnos populares y otros lugares pacíficos en el territorio de toda Ucrania.
Del mismo modo, la Federación de Rusia se comprometió a erradicar la discriminación racial, pero hace lo opuesto en Ucrania. En la Crimea, ocupada ilícitamente por Rusia, ésta apoya la política de la discriminación racial y eliminación cultural, dirigida contra los grupos étnicos que se han atrevido a contrarrestar la tentativa de la anexión. Rusia ha aplastado los derechos políticos, civiles y culturales de estos grupos, en particular, mediante la prohibición del Medjlis, institución representativa de la comunidad tártara de Crimea; las desapariciones y asesinatos de militantes tártaros y ucranianos; la prohibición de asambleas culturales y persecuciones de los medios de comunicación, así como por la limitación de las posibilidades del estudio de los niños en su lengua materna.
Ucrania inició su caso contra Rusia en la CIJ de la ONU en enero de 2017. En abril de 2017 la CIJ de la ONU aprobó su ordenamiento sobre las medidas provisionales, con el cual obligó a la Federación de Rusia a abstenerse de las limitaciones de los derechos de la comunidad tártara de Crimea de conservar sus instituciones representativas, incluso con el Medjlis, asegurar el acceso a la educación en el idioma ucraniano, así como a no agravar la querella que se encontraba en el examen de la Corte.
En su Memorándum Ucrania demanda que Rusia inmediatamente ponga fin a las violaciones de los convenios internacionales para la represión de la financiación del terrorismo y la eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como pague una compensación financiera por el daño causado a Ucrania y al pueblo ucraniano en resultado de las acciones rusas.