El 14 de noviembre de 2017 la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó el proyecto de la resolución “Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol (Ucrania)”. Copatrocinaron el documento 42 países de diferentes regiones del mundo, en particular, Australia, Austria, Albania, Bélgica, Bulgaria, Haití, Georgia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Islandia, España, Italia, Canadá, Kiribati, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Micronesia, Moldova, Países Bajos, Noruega, Palau, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Ucrania, Finlandia, Francia, Alemania, Croacia, República Checa, Montenegro, Suecia, Japón. A pesar de la enorme presión ejercida por la Federación de Rusia, votaron a favor del documento 71 países, en contra 25, mientras 77 países se abstuvieron durante la votación.

El proyecto de la resolución es una continuación lógica de la resolución del año pasado de la Asamblea General 71/205 sobre los derechos humanos en la Crimea ocupada. La decisión sobre la presentación de un nuevo documento está justificada por la continuación de la política criminal de Rusia en la Crimea ocupada. Nos vemos obligados a constatar que Rusia no ha cumplido ninguna estipulación de la resolución anterior de la AG de la ONU 71/205, al aumentar represiones contra los ucranianos étnicos, los tártaros de Crimea y otras personas que están en desacuerdo con la ocupación de la península. A pesar de numerosos llamamientos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Rusia también negó a asegurar el acceso a representantes de la ONU al territorio de la Crimea ocupada.

Dichas evaluaciones de la situación real de los derechos humanos en la Crimea de hoy coinciden con las conclusiones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la cual, en cumplimiento de la Resolución 71/205, elaboró y en septiembre pasado publicó un Informe especial “Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol, temporalmente ocupados”. El Informe hace una conclusión bien clara: “la situación de los derechos humanos en Crimea después de su ocupación por Rusia ha deteriorado”.

La resolución de este año que hoy ha sido ratificada por la Tercera Comisión de la AG de la ONU, tiene por objetivo obligar a Rusia como Estado-ocupante a poner fin a graves violaciones de derechos y libertades fundamentales del hombre. El texto renovado del proyecto de la resolución refuerza las exigencias de la comunidad internacional al país-ocupante.

En primer lugar, se trata del apoyo a Ucrania en la cuestión de la de-ocupación de Crimea. La iniciativa del Presidente de Ucrania, anunciada este año durante el 72º período de sesiones de la AG de la ONU, sobre la creación de un grupo internacional de los amigos de Crimea, recibirá un fundamento muy sólido con la aprobación de la resolución.

En segundo lugar, el documento contiene el llamado al cumplimiento de la decisión provisional (Orden) de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en el caso “Ucrania contra la Federación de Rusia” del 19 de abril de 2017, la cual hasta la fecha no ha sido cumplida por Rusia. Tenemos que consolidar nuestros esfuerzos y obligar a Rusia a que cumpla dicha decisión judicial.

En tercer lugar, el acceso de misiones internacionales de vigilancia a la península sigue siendo cerrado. Este asunto tiene una implicancia directa en la vida cotidiana de los habitantes de Crimea, por lo cual requiere una solución urgente. El constante y directo monitoreo internacional de la situación tendrá el efecto de un factor moderador y mecanismo de control sobre el cumplimiento, por parte de Rusia, de sus compromisos conforme al derecho humanitario internacional. La resolución es uno de los elementos de la presión sobre la Federación de Rusia y la apertura de Crimea para el monitoreo internacional.

Otros elementos importantes son además la condena de la utilización ilegal en el territorio de Ucrania temporalmente ocupado, del sistema legar de Rusia, incluido el retroactivo, así como la expropiación de la propiedad, la condena de la extensión automática de la ciudadanía rusa a los residentes de Crimea, el alistamiento a las fileras de las fuerzas armadas de Rusia, lo cual está directamente prohibido por el derecho humanitario internacional.

El paso siguiente será el examen del proyecto de la resolución en la sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU en la segunda mitad del diciembre de 2017, y lo más importante – la coerción de la Federación de Rusia a su cabal cumplimiento. Exhortamos a la comunidad internacional a unirse en torno a nuestros valores comunes y defender a los habitantes de Crimea contra la arbitrariedad de los ocupantes.